Desde el Concejo de Bogotá llovieron críticas sobre el modelo de la conservación de casas, edificios y barrios declarados patrimonio. Demoras en la atención, alivios fiscales injustificados y falta de acceso fueron algunas de las críticas.
En la capital del país, según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, hay 6404 casas, edificios y barrios declarados de patrimonio histórico y cultural. Sin embargo, como lo asegura la entidad del Distrito se desconoce si estoy predios se encuentran en buen, regular o mal estado por falta de información reportada.
Esta es la punta de iceberg de la controversia en torno a la política pública de bien de interés cultural (BIC), que fue sometido a debate de control político en el Concejo de Bogotá.
Los elementos que se cuestionan son fundamentalmente tres: su localización, su conservación y el conocimiento de los mismos por los bogotanos. De esta manera, la controversia indica que los costos y beneficios, de la actual estructura de preservación de bien de patrimonio cultural, se encuentra desequilibrada.
“En Bogotá hemos entendido el patrimonio, hasta ahora, como preservar las arquitectura colonial, y las casas Tudor, que parecen inglesas en Teusaquillo, en La Merced. Aunque esto es valioso y hace parte de la historia de la ciudad, los barrios populares también tienen una historia que vale la pena conservar”, aseguró el concejal Diego Laserna (Alianza Verde).
De esta manera, al observar la distribución de los bienes declarados por el Distrito como patrimonio se consta que la gran mayoría, de manera desproporcionada, se encuentran en el centro y en el norte de la ciudad. Por lo que, advierte el concejal Laserna, habría un sesgo en la manera en que se está conservando la historia en la capital del país.
Por su parte, otro problema planteado durante el debate fue la ineficiencia del modelo de conservación, que para algunos propietarios de estos predios se puede convertir en una carga importante o un alivio desproporcionado. Detrás de la política actual de preservación del patrimonio material de la ciudad, se ofrecen descuentos tributarios a los dueños de los bienes a cambio de que no se modifiquen las casas o barrios, y además para que los dueños asuman los costos de conservación de las casas.
Por esta situación tanto los propietarios de casas declaradas como patrimonio, o las casas colindantes deben pedir permiso al IDPC para realizar adecuaciones a las casas, lo que se ha vuelto un dolor de cabeza por lenta atención por parte de la entidad. En ese sentido, hay casos caso de solicitudes para intervenir Bien de Interés Cultural (BIC) que duran hasta 700 días en el permiso del IDPC, según indicó la entidad en un derecho de petición.
“Hay un caso de un propietario a quién se le está cayendo un muro de la casa, y lleva seis meses pidiendo al IDPC para que levantar el muro, y no se le caiga encima. Además, por el momento que estamos viviendo de la suspensión del POT, la entidad le pidió que hablará con una abogada, ya que el Instituto no sabe que hacer en el área gris que estamos”, manifestó el concejal Juan Baena (Nuevo Liberalismo).
A esto se le suma, que es tan la presión sobre los propietarios de los BIC que estos piden ser sacados de esta categoría por altos costos de mantenerlos, hasta el punto que en algunos casos abandonan su predios para que luego sean declarados en ruina, y poder vender el suelo.
Por otra parte, una parte la críticas reside en que un gran parte de los bienes declarados como patrimonio no están al acceso del público, lo que solo generaría beneficios para los privados y no para la ciudad.
“Alos clubes sociales les cobran una tarifa de predial menor que una panadería o pastelería por ser declarados como patrimonio. En el caso del Club Los Lagartos, ese descuento le cuesta a la ciudad $350 millones, ¿pero qué ganan los bogotanos que no son socios de ese club porque sean declarados como patrimonio?”, señaló el concejal Laserna.
Frente a la sostenibilidad a la conservación, varios concejales criticaron que en el POT 2022-2035 (que se encuentra suspendido) se prohíba el uso de bienes de interés cultural para servicios especiales fuera de uso original, es decir se prohíbe la venta de alcohol o instalación de restaurantes, por ejemplo.
Esto último fue, sin embargo, criticado por otros concejales y el Distrito que participaron en el debate señalando que el uso de estos espacios para el comercio puede generar procesos de gentrificación que desnaturalicen la naturaleza de los predios.
“Nos preocupa la gentrificación, si permitimos que bares empiecen a llegar al centro histórico, esos sitios no son asequibles para las personas que viven allí, sino los que llegan ocasionalmente allí, y empieza a ver que el entorno es interesante, y empieza a querer vivir ahí, y el precio de suelo empieza a subir, lo que culmina endel sector”, indicó Patrick Morales, director del IDPC.
Por su parte, destacó el proyectos como el SISBIC, que permite ver el inventario de los BIC en Bogotá, su ubicación e historia para que los capitalinos se acerquen a ella. Por su parte, con un presupuesto de $24 mil millones, la entidad aseguró estar adelantando las acciones correspondientes para mejorar la situación de patrimonio en la ciudad.
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